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Ángel Corredor Agulló
El presente artículo pretende analizar el impacto que ha tenido la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad en nuestro ordenamiento jurídico estatal, centrándonos en el derecho al sufragio activo de las personas con discapacidad o diversidad funcional mental, con la reforma operada en el art. 3 de la LOREG. Para ello, se articulará una investigación basada en el estado jurídico en la que se encontraban las personas con discapacidad intelectual, o con otro tipo de patologías mentales, con anterioridad a la citada reforma. Por otra parte, se intentará analizar la situación en la que quedan este tipo de discapacitados tras las modificaciones que se han ejecutado en la legislación española. Por último, se intentará determinar si se deberían operar reformas normativas o si, por el contrario, la legislación actual es satisfactoria para este colectivo tan vulnerable.
