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La nueva Ley de Vivienda va a tener importantes repercusiones económicas y será particularmente gravosa para los propietarios calificados como «grandes tenedores». Unos propietarios a los que les impone unos límites y el cumplimiento de una serie de exigencias, tanto en el momento de arrendar la vivienda, como cuando tienen la necesidad de recuperarla en los Tribunales ante los incumplimientos del arrendatario o del deudor ejecutado, según los supuestos que vienen a mermar, considerablemente, sus facultades dominicales, hasta el punto de que el panorama que se les presenta con la aplicación de la Ley parece convertirlos en propietarios de segunda categoría.
