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Casi dos años después de la publicación de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, sigue siendo preciso llevar a cabo un esfuerzo de adaptación a este nuevo panorama legislativo, de tal manera que todas las instituciones relacionadas con la actuación de la Fiscalía Europea se acomoden a las nuevas circunstancias jurídicas y procedan a ajustar sus actuaciones a este novedoso marco legal. La AEAT está acordando medidas en relación con los bienes de sujetos investigados en procedimientos seguidos ante la Fiscalía Europea incluso cuando la propia institución instructora ha ejecutado ya este tipo de medidas, y las mismas han sido recurridas ante el Juez de Garantías, estando pendiente su validez de una resolución jurisdiccional definitiva. Este tipo de comportamientos vulneran de forma evidente nuestras normas procesales y, muy en particular, los derechos fundamentales de los investigados, como exponemos a continuación.
