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Luis Miguel López Shishingo
, Ivonne Narváez Zurita, Enrique Eugenio Pozo Cabrera, Juan Carlos Erazo Álvarez
El presente artículo torna su interés en el análisis del debido proceso como una institución jurídica que vela por el cumplimiento de las garantías constitucionales de las personas inmersas en un sumario administrativo, dentro de este proceso contemplado en el reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en sus fases de acciones previas y en la etapa de prueba, no se determina de forma precisa cuales son las acciones que las partes procesales tienen que ejecutar para solicitar, evacuar y contradecir las pruebas presentadas. Se hace énfasis en la importancia de contar con un juez natural en este tipo de procedimientos, pues según la norma que lo contempla señala que la JDRC es un órgano integrado por los mismos funcionarios del nivel distrital de educación, el Ministerio de Educación y su normativa no estaría garantizando el derecho de los docentes a ser juzgados por un juez competente.
This article turns its interest in the analysis of the due process as a legal institution that watches over the fulfillment of the constitutional guarantees of the people immersed in an administrative summary, within this process contemplated in the general regulation to the Organic Law of Intercultural Education , in its phases of previous actions and in the trial stage, it is not determined precisely what are the actions that the procedural parties have to execute to request, evacuate and contradict the evidence presented. Emphasis is placed on the importance of having a natural judge in this type of procedure, since according to the norm that contemplates it, it indicates that the JDRC is an organ integrated by the same officials of the district level of education, the Ministry of Education and its regulations I would not be guaranteeing the right of teachers to be judged by a competent judge.
