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Manuel García Villarrubia
Socios y planes de reestructuración son un binomio de difícil combinación. Sin duda, uno de los temas estrella de la nueva regulación introducida por la reforma concursal. Dentro de las diversas opciones habilitadas por la llamada Directiva de reestructuración e insolvencia, el legislador español ha optado por un sistema híbrido o intermedio. En los planes de reestructuración es frecuente incluir medidas que requieren una decisión de los socios del deudor en forma de adopción del correspondiente acuerdo social. La más habitual es la capitalización de créditos, pero puede haber muchas opciones, incluidas modificaciones estructurales como la fusión o la escisión. En estos supuestos, la reforma opta por mantener la necesidad de someter esas medidas a la decisión de los socios, pero con determinadas especialidades destinadas a facilitar una decisión favorable. Y, llegado el caso, aunque la decisión sea desfavorable, el plan puede salir adelante e imponerse a los socios (los denominados planes no consensuales). Las modificaciones son, pues, muy relevantes.
Shareholders and restructuring make a somewhat awkward pairing and yet this is one of the main features of the new Insolvency Law Reform. Of the various options in the Directive on preventive restructuring frameworks, the Spanish lawmaker has opted for a hybrid or intermediate system. Restructuring plans often include measures that the debtor’s shareholders need to approse through a resolution. The most common is a debt-for-equity swap, but there are many others, including structural modifications such as mergers or demergers. In these cases, these measures continue to require shareholder approval, but some special features have be introduced to favour such approval. And, if necessary, even if the measures are not approved, the plan may still go ahead and be imposed on the shareholders (shareholder cram-up). The amendments have thus been quite significant.
