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El extraordinario incremento de la ciberdelincuencia, especialmente de las denominadas estafas informáticas, que los balances de criminalidad elaborados por el Ministerio del Interior fijan en superior al 370 % en el período comprendido entre el año 2016 y 2022, reclama sin duda la necesidad de afrontar la reforma de la respuesta punitiva a los mismos, especialmente en los supuestos de reiteración delictiva, como alternativa de política criminal que, si no única, si al menos se revela como la más inmediata para lograr efectos apegados a la prevención general y especial, diluyendo los riesgos que para la economía nacional y la tranquilidad patrimonial de los ciudadanos entrañan este tipo de comportamientos delictivos. La proposición de Ley Orgánica 122/000147, publicada en el BOCG de 27 de enero de 2023 constituye el último intento, fracasado, en ese propósito.
