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Lourdes López Cumbre
La normativa concursal siempre ha afectado a los intereses laborales, principalmente porque aquella circunda en torno a la empresa y estos últimos tutelan a las personas trabajadoras. El equilibrio entre el mantenimiento de la empresa y el respeto a los derechos laborales y de Seguridad Social no siempre ha sido idéntico, evolucionando en la normativa concursal más a favor de la viabilidad de la empresa que de la permanencia de los puestos de trabajo. Las modificaciones, suspensiones o despidos contractuales de la concursada generan todo un régimen de créditos laborales y de Seguridad Social. Contexto que se sobredimensiona cuando la empresa en concurso se transmite por venta de unidad productiva a otra empresa que pretende subrogarse en el activo, pero no en el pasivo de la concursada. La exoneración de los créditos laborales y, sobre todo, de los derivados de las deudas de la Seguridad Social provocan permanentes conflictos normativos y judiciales, no siempre resueltos. Este análisis expone aquellos aspectos procesales más ilustrativos de esta perenne controversia, en parte relativizada con el protagonismo alcanzado por las normas de preconcurso y la preservación de los créditos laborales y el crédito público, y aporta someras líneas de actuación futura, propiciando la simplificación procesal, con garantía y eficiencia.
Insolvency legislation has always affected labor interests, mainly because the former surrounds the company and the latter protect the workers. The balance between maintaining the company and respecting employment and Social Security rights has not always been identical, with insolvency legislation evolving more in favor of the viability of the company than the permanence of jobs. The contractual modifications, suspensions or dismissals of the bankrupt company generate a whole system of labor and Social Security credits. Context that is overstated when the insolvent company is transferred by sale of the production unit to another company that intends to subrogate the assets, but not the liabilities of the insolvent company. The exoneration of labor credits and, above all, those derived from Social Security debts cause permanent regulatory and judicial conflicts, not always resolved. This analysis exposes the most illustrative procedural aspects of this perennial controversy, partly relativized with the prominence achieved by the pre-bankruptcy rules and the preservation of labor and public credits, and provides brief lines of future action, promoting procedural simplification, with guarantees and efficiency.
