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Fernando Salinas Molina
La Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, tras cerca de 12 años de vigencia ha acreditado su fortaleza y ha dado respuesta adecuada a los principios que la motivaron; el fundamental el de la unificación competencial a favor del orden social de las materias laborales, sindicales, de seguridad social y de asistencia social, así como la unificación competencial plena en la materia de riesgos laborales.
La práctica judicial y la jurisprudencia han puesto de evidencia en estos años sus aciertos y sus posibles deficiencias.
Estas últimas deberían ser objeto de corrección, al igual que sería aconsejable introducir las reformas o cambios que ha puesto de relieve la experiencia, así como profundizar en los extremos que quedaron inacabados en la Ley de 2011.
Reflexionaremos sobre los que pudiéramos considerar como desafíos de la jurisdicción social respecto a los extremos que merecerían abordarse en futuras reformas orgánicas y procesales para lograr una precisa y eficaz delimitación competencial y lograr que la jurisdicción social pueda cumplir íntegramente su función conforme a lo previsto en la Constitución y en los tratados y acuerdos de la Unión Europea e internacionales suscritos por España.
Law 36/2011, regulating the social jurisdiction, approved unanimously by all parliamentary groups, after nearly 12 years of validity has proven its strength and has given an adequate response to the principles that motivated it; the fundamental one that of the unification of competences in favor of the social order of labor, union, social security and social assistance matters, as well as the full unification of competence in the field of occupational risks.
Judicial practice and jurisprudence have revealed in recent years its successes and possible shortcomings.
The latter should be corrected, just as it would be advisable to introduce the reforms or changes highlighted by experience, as well as to deepen the points that were left unfinished in the 2011 Law.
We will reflect on what we could consider as challenges of the social jurisdiction with respect to the extremes that deserve to be addressed in future organic and procedural reforms to achieve a precise and effective delimitation of competence and ensure that the social jurisdiction can fully fulfill its function in accordance with the provisions of the Constitution and the treaties and agreements of the European Union and international signed by Spain.
