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Ramón Castillo Badal
El presente artículo destaca que no existe jurisprudencia sobre la determinación de la autoridad administrativa competente para imponer una prohibición de contratar con la Administración, cuestión de relevantes consecuencias que el Tribunal Supremo se propone abordar. Destaca el silencio de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Además, advierte sobre el planteamiento ante el Tribunal de Justicia de una cuestión prejudicial al respecto con la referencia C-66/22, que se encuentra pendiente de resolución.
