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Desde mediados de los años sesenta la política de la prostitución en España fue fundamentalmente abolicionista, pues el ordenamiento jurídico no definía el ejercicio de la prostitución como un delito, pero si muchos comportamientos en este ámbito, tales como organizar la ajena o lucrarse con ella. Desde 1995 el Estado central ha despenalizado casi todas las conductas relativas a la prostitución, y ha centrado esta política pública en la lucha contra el tráfico de personas para su explotación sexual. Este artículo documenta el modesto papel desempeñado por el movimiento organizado de mujeres y los organismos de igualdad en la elaboración de la principal legislación sobre la prostitución en el periodo postfranquista, e identifica dos razones para explicar esta escasa intervención: la débil prioridad otorgada a la prostitución por el feminismo societal e institucional (tomados en su conjunto) y la baja permeabilidad de la arena política parlamentaria a la influencia de actores externos.
