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Antonio-Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños
La Ley de la Fiscalía Europea ha ampliado las prerrogativas de la fiscalía para llevar a efecto la entradas y registros al amparo de las normativas de cumplimiento de las empresas. Esta norma prevé como escenario natural de este tipo de diligencias la colaboración de los responsables de las empresas. Sin embargo, la extensión de la función legitimadora del consentimiento a este tipo de diligencias es limitada por razón de la afectación de los intereses de tercero. La propia norma es consciente de estas limitaciones y establece ámbitos de exclusión en el que el consentimiento de los detentadores de los espacios afectados no resulta bastante para legitimar el registro de sus instalaciones. Se aborda en el presente trabajo la extensión y alcance de los diversos intereses afectados más allá de lo que pueda entenderse como protección domiciliaria de las personas jurídicas.
