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La medida que pretende endurecer el castigo para evitar abusos por parte de los empresarios frente a sus trabajadores, ha sufrido muchas críticas por quienes argumentan que, si no se interpreta la norma bajo el principio de mínima intervención del derecho penal, los conflictos laborales se transformarán en conflictos penales con carácter general, siguiendo la tendencia criminalizadora de los últimos años con respecto a contingencias que se resolvían sin problemas en otros ámbitos del derecho. Ello se traducirá en un sobrecoste para la Administración y el colapso de una jurisdicción que se encuentra ya desbordada.
