El presente artículo expone una realidad candente y un futuro inmediato, que las legislaturas surgidas a partir de mayo de 2023 no podrán eludir. Nos referimos al control de las evidencias documentales de las entidades locales como plasmación jurídica de su actividad administrativa. Una actividad sometida al control interno y a la auditoria pública externa. En este artículo queremos hacer hincapié en su vínculo estrecho con la producción documental en un entorno de organizaciones orientadas al dato y al acceso a la información.