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Pilar Moreno García, Juan Vega Felgueroso
El proceso electoral será gestionado en gran parte de sus trámites por los aplicadores jurídicos de la Administración, que en mayor o menor medida habrá de colaborar en una de las más importantes misiones que tiene encomendadas el servicio público: la de garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, ya sea directamente o por medio de representantes. La dificultad y especialidad de las tareas encomendadas, así como los singulares riesgos que las mismas entrañan, aconseja la confección del presente decálogo, que se confecciona con una vocación decididamente práctica.
