La interposición del recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 3/2021 ha obligado a que el Tribunal Constitucional se manifieste sobre la incorporación de la prestación de ayuda para morir al ordenamiento jurídico español. Sin embargo, lejos de restringir su pronunciamiento a este cometido ha instaurado, de facto, un nuevo derecho fundamental a la libre autodeterminación en el ámbito sanitario.