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José Luis Rodríguez Lainz
La STJUE (Sala Tercera) de 16 de febrero de 2023 (asunto C-349/21), asume el comprometido reto de determinar si una autorización judicial de medida especial de investigación tecnológica, adoptada en el curso de una investigación criminal, afectante al derecho a la confidencialidad de las comunicaciones garantido en el art. 15.1 de la Directiva 2002/58/CE, puede llevarse a efecto mediante una plantilla o modelo que se limite a hacer una referencia genérica a que la solicitud policial o fiscal cumple con las exigencias impuestas por la legislación nacional al respecto. La sentencia, realmente, nos sorprende con la afirmación que se hace de que una motivación por remisión como la indicada, superaría los cánones de exigencia de cognoscibilidad impuestos por el derecho a un juicio equitativo al que se refiere el art. 47.3 de la CDFUE, con tal que una lectura cruzada de solicitud y autorización permitiera acceder a las razones por las cuales se autorizó la medida.
Aparte de que nuestra jurisprudencia superaría con creces este nivel de exigencia, es evidente que existe una clara confrontación con la jurisprudencia del TEDH; que se muestra especialmente exigente de una exteriorización de los juicios de inferencia y superación de principios rectores que, aun basándose en el propio contenido motivador de la solicitud, sirvan de freno a cualquier intento de abuso o arbitrariedad en la toma de la decisión.
