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Se analiza si las actuaciones que se están llevando en la actualidad en muchos casos de personas que formalizan un contrato de arrendamiento abonando la fianza obligatoria y la primera mensualidad dejando, a continuación, de pagar sus rentas, puede considerarse un delito de estafa si se acredita o infiere de los hechos la existencia del dolo inicial y coetáneo al momento del contrato de que eso es lo que pretendía el arrendatario llevar a cabo desde un principio, es decir, pagar el primer mes y no los siguientes para obligar al arrendador a tener que acudir a un procedimiento judicial para conseguir la expulsión del inmueble
