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En los últimos años, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ha enfocado sus esfuerzos en la persecución y sanción de prácticas horizontales, iniciando un paso sustancial a favor de mejorar la libre competencia de mercado.
En este trabajo se analizan las razones por las cuales la legislación de libre competencia nacional considera a las concertaciones en licitaciones públicas como conductas per se ilegales, y cómo el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ha perseguido y sancionado tales prácticas. Los autores consideran que la tipificación expresa de las concertaciones en licitaciones públicas como prácticas prohibidas de carácter absoluto responde a su impacto social, antes que a un razonamiento económico que la diferencia de otras conductas ilegales per se.
