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A lo largo de la historia los reemplazos constitucionales han estado asociados a procesos de independencia o a transiciones del autoritarismo a la democracia; sin embargo, en las últimas décadas se han hecho cada vez más frecuentes en democracias ya establecidas, particularmente en América Latina. Los reemplazos constitucionales en democracia tienen consecuencias políticas y normativas que no han sido visibilizadas ni cuentan con un sustento analítico suficiente en la teoría constitucional tradicional. En este artículo, argumentamos que la regulación legal y constitucional anticipada de un proceso constituyente presenta claras ventajas para un régimen democrático cuando persigue como objetivos mantener un balance entre continuidad y cambio, facilitar el consenso entre las fuerzas políticas y promover la participación ciudadana. No obstante, el intento de someter un reemplazo constitucional a un marco legal preestablecido y detallado en la Constitución anterior tiene límites en un contexto de crisis de representación, que hace necesaria la elaboración de la nueva Constitución por una convención independiente. Para ilustrar este argumento, examinaremos el origen y contenido de la reforma constitucional que hizo posible el recientemente fallido proceso constituyente en Chile, las leyes que la complementaron y los reglamentos aprobados por la convención constitucional en este país.
Throughout history, constitutional replacements have been associated with independence processes or transitions from authoritarianism to democracy. However, in the last decades they have become more frequent in established democracies, particularly in Latin America. Constitutional replacements in democracy have political and normative consequences that have remained unnoticed or have not been properly analyzed in traditional constitutional theory. In this article, we argue that an anticipated legal regulation of a constituent process has clear advantages for democratic regimes when it aims to maintain a balance between continuity and change, facilitate consensus among political forces, and promote citizen participation. Nevertheless, the attempt to subject a constitutional replacement to a detailed and pre-established legal framework in the previous constitution has its limits in a context of representation crisis that makes it necessary the drafting of the new constitution by a special convention. To illustrate this point, we will examine the origins and content of the constitutional amendment that made possible the recently failed constitution-making process in Chile, the laws that complemented this reform, and the regulations adopted by the constitutional convention in this country.
