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Guillermo García-Panasco Morales
Los loables objetivos que, sin duda, la nueva Ley 2/2023 pretende promover pueden encontrarse con no pocas dificultades prácticas, sobre todo cuando se confronta con el régimen jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La difusa situación en la que queda el Compliance Officer, el riesgo de infracción del proscrito principio non bis in ídem, o la clamorosa insuficiencia de la regulación sobre la propia investigación de las denuncias son solo algunos de los aspectos que se abordan en esta primera aproximación sobre la nueva norma, en la que se ofrecen propuestas de solución que permitan superar las cuestiones más problemáticas para la vida diaria de las empresas.
