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Ignacio López Chocarro
La tramitación del juicio de desahucio por falta de pago ha sido objeto de innumerables reformas, buscando agilizar el procedimiento sin menoscabar el derecho de los demandados. La introducción de la técnica del procedimiento monitorio pareció indicar que el legislador por fin había dado con la tecla definitiva para obtener esa ansiada agilidad, pero la realidad diaria de nuestros tribunales nos demuestra que aun a pesar de contar con las herramientas adecuadas, el mal uso de las mismas provoca no sólo una importante disparidad de criterios, sino especialmente también que dichos procedimientos se alarguen por encima de los seis meses, situación que genera una grave inseguridad jurídica en el ya estresado mercado de alquiler de viviendas en nuestro país.
