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En el año 2012 el legislador penal español incluyó a los partidos políticos entre los sujetos criminalmente responsables. En este artículo se examinan las consecuencias de aplicar el régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas, previsto en el art. 31 bis CP, a una entidad tan importante y especial como un partido político. Se analizan los delitos que se puede atribuir a un partido político, los criterios para su imputación y dos de las penas más severas previstas en el catálogo de sanciones: la disolución y la intervención judicial. Se complementa el estudio con una perspectiva preventiva de la delincuencia de los partidos políticos, a través de un estudio de los programas de cumplimiento normativo (con referencias concretas a las principales formaciones políticas estatales) y de los novedosos programas de estímulos –nudges– de las ciencias del comportamiento, aplicados a la toma de decisiones dentro del partido político.
In 2012, the Spanish criminal legislator considered political parties a criminally responsible subject. It was a controversial decission as political parties play a key role in the Spanish parliamentary system. This paper studies the consequences of applying the general regime of corporate criminal liability (foreseen in Art. 31 bis Criminal Code) to political parties. We analize which crimes can commit political parties, which is the imputation model of political parties, as well as kinds of penalties (specially, dissolution and judicial intervention). The paper ends with a preventive perspective in the framework of political parties, studying compliance programs (with specific references to the main national political parties) and the innovative programs of behavioral sciencies -nudges-, applied to decision making within the political party.
