La prestación farmacéutica es un derecho en España. La mayor parte de las personas, y en la mayor parte de los casos, pueden acceder a los medicamentos que necesitan en el marco del Sistema Nacional de Salud. Aunque no siempre es así, ya que según el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, elaborado por el CIS, en el año 2022 un 3,3% de la población dejó de tomar algún medicamento que le habían recetado en la sanidad pública "porque no pudo permitírselo por motivos económicos". La causa de ello son los copagos, la retirada de la financiación pública para determinados medicamentos y el encarecimiento de nuevos productos más eficaces. Por ello, es necesario cambiar el modelo farmacéutico actual para que todas las personas puedan acceder a los tratamientos farmacológicos que precisen.