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Santiago, Chile
La crisis de legitimidad que afecta a Chile provoca que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, se replanteen su rol en la sociedad. En este artículo se analiza a los participantes del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, centrándose en los procesos de interrelación entre los organismos administradores del seguro laboral y los participantes de la salud común. Si bien existe un problema de legitimidad del sistema debido al rol de ‘juez y parte’ de los organismos administradores del seguro laboral, en este artículo se profundizan otros inconvenientes relacionados con las posibles ineficiencias existentes en la relación entre los participantes, los cuales pueden acentuar el malestar social hacia el seguro. Los problemas se relacionan con la eficiencia de los prestadores de salud, la burocracia excesiva, el proceso de rendición de cuenta de las instituciones, la incidencia indirecta en la salud de los pacientes y los sesgos en la elección del sistema de salud de primera atención. Como solución se propone retomar una política pública olvidada: la creación de una Comisión Calificadora Autónoma que externalice la determinación de la calificación de la enfermedad del trabajador. Para solucionar las ineficiencias descritas con anterioridad, se proponen otras funciones de esta institución que permitan, entre otras tareas, una interacción expedita entre los sistemas de salud y la continuidad de tratamiento a través de los organismos administradores del seguro laboral, lo cual no se permite en la actualidad.
The legitimacy crisis affecting Chile is causing all institutions, both public and private, to rethink their role in society. This article analyzes the participants of the Social Security against Occupational Accidents and Diseases Risks, focusing on the interrelation processes between the labor insurance administration agencies and the common health participants. Although there is a problem of legitimacy of the system due to the role of ‘judge and jury’ of the labor insurance administration agencies, this research explores other problems related to possible inefficiencies in the relationship between the participants, which may accentuate social unrest towards the insurance. The problems are related to the efficiency of health care providers, excessive bureaucracy, the accountability process of the institutions, the indirect impact on the health of patients, and biases in the choice of the primary health care system. As a solution, it is proposed to resume a forgotten public policy, the creation of an Autonomous Qualifying Commission that outsources the determination of the qualification of the worker’s disease. To solve the inefficiencies described above, other functions of this institution are proposed to allow, among other tasks, an expeditious interaction between the health systems, and the continuity of treatment through the labor insurance administration agencies, which is not allowed at present.
