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Ginés Parra Ruiz
Con la finalidad de reforzar el denominado «pacto de rentas o solidario», en beneficio de los más desfavorecidos, en el actual escenario económico inflacionista, las Cortes Generales han aprobado la Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Si tenemos en cuenta que el coste de la contribución pública al sostenimiento del mismo es deficitario, este «pacto de rentas» se transfigura en la herramienta necesaria de la ley para reducir el déficit.
La polémica surge por la figura empleada para tal fin, «prestación patrimonial pública no tributaria», y su flaqueza constitucional.
In order to reinforce the so-called income or solidarity pact, for the benefit of the most disadvantaged, in the current inflationary economic scenario, the Spanish Parliament has passed the Law for the establishment of temporary taxes on energy and on credit institutions and financial credit establishments. If we take into account that the cost of the public contribution to the support of the same is in deficit, this income pact becomes the necessary tool of the law to reduce the deficit.
The controversy arises due to the figure used for this purpose, a non-tax public patrimonial benefit, and its constitutional weakness.
