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La decisión del Gobierno de Castilla y León por la que se elimina la financiación de la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA), supone un ataque directo al modelo democrático de relaciones laborales configurado por la Constitución de 1978, y la vulneración de los derechos sobre los que aquel se sustenta. La existencia de procedimientos autónomos de solución de conflictos laborales, no es una opción política, sino un mandato constitucional que debe ser atendido y garantizado por los poderes públicos.
Castilla y Leon Goverment decision to remove the financing of the foundation of Labour Relations Service mean a direct attack to the labour relations democratic model established in the 1978 Spanish Constitution, and the violation of several collective labour rights. The existence of autonomous procedures of labour disputes resolution is not a political option, but a constitutional obligation that must be attended and guaranteed by public authorities.
