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El presente artículo analiza una serie de interrogantes que nos plantea su regulación. En primer lugar, un juicio de constitucionalidad, en relación a la invasión de competencias de las Comunidades Autónomas; el hecho que su aplicación en el ejercicio 2022, supone una retroactividad de grado medio o impropia; su posible alcance confiscatorio y la existencia de un error de salto, pues el tipo de gravamen pasa del 0 al 1’7 por 100, por el solo hecho de superar los tres millones de euros. En segundo lugar, un juicio a la luz del Derecho Comunitario, debido a la sujeción de los bienes inmuebles de los no residentes por la titularidad indirecta a través de sociedades o la inaplicación del mínimo exento a los mismos. Por último, es un desincentivo evidente para atraer nuevos residentes a España.
