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La corrupción ha dejado de ser un problema local para adquirir una dimensión transnacional. La intensificación de las relaciones económicas internacionales y la eliminación de barreras para el comercio y la inversión contribuyen al desarrollo económico y social de los Estados, pero este desarrollo se ve mermado cuando median prácticas corruptas en los procesos de formalización de las inversiones internacionales. No es extraño, por tanto, que surjan conflictos entre el inversor extranjero y el Estado receptor de la inversión en algún momento de la vida de la inversión y estos acudan al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) como el foro más adecuado para resolver sus controversias. En este trabajo, analizamos la práctica del CIADI en los casos en los que alguna de las partes ha alegado actos de corrupción, con dos objetivos esenciales; un objetivo particular que consiste en analizar los efectos jurídicos que estas alegaciones pueden producir en el proceso según quién formula la alegación y las dificultades jurídico-procesales que surgen en estos casos; y un objetivo general que trasciende al caso particular, que es averiguar si el arbitraje internacional puede constituir una herramienta jurídica efectiva para disuadir a inversores y Estados de incurrir en prácticas corruptas.
Corruption is no longer a local problem but has taken on a transnational dimension. The intensification of international economic relations and the removal of barriers to trade and investment contribute to the economic and social development of states, but this development is undermined when corrupt practices are involved in the processes of formalising international investments. It is not surprising, therefore, that conflicts arise between the foreign investor and the host state at some point in the life of the investment and that they turn to the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) as the most appropriate forum for resolving their disputes. In this paper, we analyse ICSID’s practice in cases in which one of the parties has alleged acts of corruption, with two essential objectives; a particular objective that consists of analysing the legal effects that these allegations can produce in the proceedings depending on who makes the allegation as well as the procedural difficulties that arise in these cases; and a general objective that transcends the particular case, which is to find out whether international arbitration can constitute an effective legal tool to dissuade investors and states from engaging in corrupt practices.
