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Carlos Granados Pérez, Francisca Naharro Sereno
La contratación pública es un instrumento esencial para que las administraciones cumplan sus objetivos en interés del bienestar social y de los propios ciudadanos. La Ley de Contratos del Sector Pública dispone, en su artículo 64, que los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude y la corrupción. Este trabajo contiene varias reflexiones orientadas a facilitar que la contratación se desarrolle en máximos de integridad y para ello se han examinado determinados extremos o fases del expediente de contratación que exigen una mayor atención, en beneficio del mejor aprovechamiento de los recursos públicos.
