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Nuria Magaldi 
, Adam Krzywon
El 7 de octubre de 2020 el Tribunal Constitucional de Polonia declaró la inconstitucionalidad de diversos preceptos esenciales del Tratado de la Unión Europea, cuestionando el principio de primacía del Derecho de la Unión (sentencia K 3/21). Se trata de una resolución que guarda una íntima relación con la reforma judicial polaca, duramente enjuiciada por el TJUE por vulnerar los estándares de independencia judicial. El presente estudio explica, en primer lugar, el proceso de captura política del Tribunal Constitucional polaco para, seguidamente, detenerse en el contenido de la sentencia K 3/21: el rechazo de aquella jurisprudencia del TJUE alegando una extralimitación competencial por parte de las instituciones de la Unión. Seguidamente, se analizan las competencias de la Unión en materia de poder judicial nacional y se explican los métodos para solucionar potenciales conflictos entre el ordenamiento nacional y el de la Unión. Por último, se estudian las consecuencias del principio de primacía, incidiendo en que los jueces nacionales tienen la facultad de examinar, de oficio, la compatibilidad de una determinada disposición nacional con el Derecho de la Unión. Esta facultad no puede ser limitada por ningún acto nacional, ni por el hecho de que exista una previa declaración de su constitucionalidad.
On 7 October 2020, the Constitutional Tribunal of Poland declared the unconstitutionality of essential provisions of the Treaty on European Union, ca-lling into question the principle of the primacy of EU law (judgment K 3/21). This decision is closely related to the Polish judicial reform that has been seve-rely criticised by the CJEU for violating standards of judicial independence. This study first explains the process of political capture of the Polish Constitutional Court and then looks at the content of the K 3/21 judgment: the Polish Constitu-tional Tribunal attempt to reject the aforementioned case law of the CJEU on the grounds that the EU institutions have exceeded their competences. Secondly, this study aims to determine the extent of the Union’s competences in the area of the national judiciary, to explain the methods of resolving potential conflicts between national and EU laws and to analyse the consequences of the primacy principle. The key argument of this part of the article is that national judges have the faculty to examine, ex officio, the compatibility of a given national provision with EU law. This power cannot be limited by any national act, nor by the fact that there is a prior declaration of its constitutionality.
