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La nueva Ley de Memoria Democrática encomienda al Estado la asunción del liderazgo en la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura franquista, tal como dictan las recomendaciones de Naciones Unidas. La Ley reconoce protocolos de actuación específicos, crea el Banco estatal de ADN, garantiza el derecho a la verdad de los familiares y la sociedad a conocer qué les ocurrió a las víctimas y establece el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y el franquismo hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
