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Cristóbal Molina Navarrete 
La introducción en el sistema de pensiones públicas españolas del complemento de maternidad por contribución demográfica a la Seguridad Social (art. 60 Ley general de la Seguridad Social, en la versión de 2015) fue un gravísimo error de técnica legislativa, con altos costes sociales y económicos. Una vez fue declarado discriminatorio contra los hombres por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (diciembre de 2019), el retraso excesivo en realizar el debido cambio legal (RDL 3/2021, de 2 de febrero) agravó las disfunciones. La aplicación posterior por los tribunales sociales, en vez de contribuir a dotar de una mayor coherencia la institución, la ha convertido en cada vez más irracional. Por lo tanto, la derogación de esta regulación legal no ha impedido una enorme conflictividad judicial, con decenas de miles de asuntos pendientes de resolver, muchos de ellos en el Tribunal Supremo. La gestión administrativa de esta figura tampoco ha contribuido a su racionalización, al contrario, la resistencia de la entidad gestora a cumplir con los dictados jurisdiccionales, aunque discutibles, ha creado problemas adicionales, también la condena al pago de indemnizaciones por daños morales. Este comentario analizará las decisiones judiciales más recientes en la materia, en el contexto de una nueva reforma del complemento por reducción de la brecha de género.
The introduction into the Spanish public pension system of the maternity supplement for demographic contribution to Social Security (art. 60 General Social Security Act, in the 2015 version) was a serious error of legislative technique, with high social and economic costs. Declared discriminatory against men by the Court of Justice of the European Union (December 2019), the excessive delay for its mandatory legal reform (RDL 3/2021, February 2) increased the imbalances. The application by the social courts did not improve the coherence of the institution, on the contrary, they have made it more irrational. Therefore, the repeal of this legal regulation has not prevented enormous judicial conflict, with tens of thousands of matters pending to be resolved, many of them in the Supreme Court. Administrative management has not facilitated its rationalization either. The resistance of the managing entity to comply with the jurisdictional dictates, although debatable, has created additional problems, including the order to pay compensation for moral damages. This commentary will analyze the most recent judicial decisions on the matter, in the context of a new legal reform of the supplement to reduce the gender gap.
