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Elena Vicente Domingo
El principio de libertad de pactos y el respeto a la autonomía de la voluntad han cedido —temporalmente— a causa de la incertidumbre política y económica que nos ha envuelto en una tasa de inflación muy elevada. Entre la batería de medidas articuladas por el gobierno se ha introducido una que afecta de manera muy directa al contrato de arrendamiento urbano, concretamente, la prohibición de actualizar la renta pactada con arreglo al IPC y, por el contrario, imponer la necesidad de renegociar la actualización, pero nunca por encima del 2% que es el tope que marca el índice de garantía de competitividad. El contrato de arrendamiento es muy sensible a cualquier modificación de manera que esta medida de contención de las rentas está provocando el efecto contrario en el conjunto del mercado del alquiler.
The principle of freedom of contract and the respect for the autonomy of the will have yielded —temporarily— due to the political and economic uncertainty that has enveloped us in a very high rate of inflation. Among the battery of measures articulated by the government, one of them directly affects the urban lease contract, specifically, the prohibition of updating the rent according to the CPI. Since the new measure is into force the parties compulsory have to negotiate again the updating, but never above 2%, which is the limit set by the IGC. As the urban lease contract is very sensitive to any modification, so this new measure is having the opposite effect.
