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Basilio Javier Aguirre Fernández
Se analiza en este artículo la trascendencia que va a tener la STS de 12 de julio de 2022 en la actividad que desarrollan los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles al calificar los documentos que se presentan a inscripción. Sin duda, este fallo del Tribunal Supremo supone un refuerzo y potenciación del principio de legalidad. El control de legalidad, encomendado por el legislador en exclusiva a los registradores, constituye la piedra angular que sostiene el sistema registral español, tan bien valorado en el panorama internacional. Por otro lado, esta Sentencia implica una matización de algunos criterios sostenidos por la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que, en ocasiones, han conducido a soluciones poco aceptables en casos de notoria ineficacia del acto o negocio presentado a inscripción.
