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La protección eficaz de los consumidores vulnerables ante las nuevas realidades sociales, impuestas en su mayoría por las sucesivas crisis económicas acontecidas durante las dos primeras décadas del siglo XXI, se ha convertido en un principio programático presente en la configuración de las políticas de protección de los consumidores tanto en el plano nacional como europeo. En lo referente al ordenamiento contractual de consumo español, podemos identificar dos dimensiones diferenciadas des de las cuales se aborda la problemática de la vulnerabilidad en las relaciones de consumo. Por un lado, la vulnerabilidad económica. Patente en las dificultades de acceso de los consumidores a determinados bienes o servicios. Y, por otro lado, la informativa, donde se entiende que un consumidor es vulnerable en la medida en que no puede hacer un uso apropiado de las herramientas de protección que el ordenamiento le brinda. Ambas visiones parametrizan la vulnerabilidad de forma distinta. Es decir, difieren en cuanto a los factores que se toman como necesarios para valorar cuándo un consumidor se halla en una situación de vulnerabilidad o no. Con el presente trabajo queremos demostrar qué si bien dichos parámetros difieren formalmente, ambos grupos de normas van dirigidas a proteger un único grupo de consumidores. Esto implica que las dos dimensiones pretenden paliar un único problema abordándolo mediante técnicas y herramientas jurídicas distintas.
