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Romualdo Bermejo García 
, Carlos Castresana Fernández, José Elías Esteve Moltó, Maria Chiara Marullo, Maite Parejo Sousa, Raquel Vanyó Vicedo
La sociedad internacional nos demuestra continuamente que el pulso entre la protección de los derechos humanos y la acción exterior de los Estados está siempre latente. Un pulso que se traslada también al terreno de la lucha internacional contra la impunidad, en aquellos contados casos donde el pragmatismo político se ha visto inmerso en un proceso penal. Evidentemente, la búsqueda de responsabilidad internacional sigue siendo una rara excepción, pues son realmente ínfimos los casos que llegan a judicializarse por las numerosas trabas y obstáculos existentes que se anteponen a la justicia cuando se trata de asegurar los intereses nacionales y de seguridad de los Estados. Ante este escenario de retroceso de las garantías procesales que afectan a los derechos humanos y a los estándares internacionales, aprovechamos la coyuntura actual para plantear un viejo debate alrededor de la siguiente pregunta: ¿En qué medida la política exterior de los Estados condiciona la persecución judicial de crímenes internacionales? Una pregunta que, aunque parece retórica, cuestiona directamente los pilares en los que tradicionalmente se ha asentado nuestro sistema, y ahí es donde radica el verdadero debate.
The international society constantly shows us that the struggle between the protection of human rights and States' foreign actions is always latent. This struggle also affects the realm involved in the international fight against impunity in such few cases where political pragmatism has become part of a criminal process. Evidently, the quest for international responsibility is still a rare exception, as only a limited number of cases reach the courts, given that there are countless obstacles before justice can be served when it comes to securing a State’s national interests and safety. In the face of this scenario in which there has been a setback in the procedural guarantees affecting human rights and international standards, we take advantage of today’s context to revive an old debate revolving around the following question: To what extent does a State’s foreign policy condition the prosecution of international crimes? This seemingly rhetorical question directly challenges the pillars on which our system traditionally rests, though, and it is precisely there where the true debate lies.
