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Análisis de la sentencia del Tribunal Supremo 1089/2022, de 22 de julio, que desestima el recurso interpuesto contra el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía y declara la conformidad a derecho de su art. 56.1 (ubicación de los abogados en actuaciones judiciales en el estrado al mismo nivel que el órgano jurisdiccional sin carácter absoluto). El pronunciamiento sobre las costas, a cuyo pago se condena a los recurrente, encierra –a opinión del autor– un mensaje oculto, a cuyo comentario dedica estas líneas.
