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Oviedo, España
La Comunidad Internacional viene ejerciendo un papel esencial en la creación y la construcción del régimen internacional como respuesta global, para combatir la trata de personas. Ha sido a través de la creación de instrumentos internacionales de lucha contra el crimen organizado y desde una lógica de seguridad para los estados que fue trazando su desarrollo. La cimentación del régimen internacional se ampara en la capacidad de los Estados, estando la mayoría más preocupados por la persecución del crimen que por la protección de los derechos de las víctimas. En la actualidad se constatan avances, sin embargo, este sistema no ofrece garantías efectivas y plenas en cuanto a derechos a todas las víctimas. El análisis que presentamos tiene como marco teórico la teoría crítica de los Derechos Humanos y España como estudio de caso. Consideramos que España tiene regulaciones garantistas, sin embargo, la garantía efectiva de los derechos se mantiene solo a nivel formal. El enfoque de derechos a pesar de estar incluido en la normativa y en las políticas de lucha en España, aún carece de efectividad suficiente exigiendo mejoras y mecanismos de participación permanente de todos los actores involucrados, incluidas las víctimas. Nos guían dos propósitos en este artículo: ofrecer una perspectiva de análisis diferencial, con un enfoque de derechos humanos. Y promover una nueva interpretación que instituya las Políticas Públicas en la lucha contra la trata, colocando a las víctimas como sujeto central de la política, y no como un objeto o instrumento del enfrentamiento criminal del fenómeno.
The international community has played an essential role in creating and building an international system as a global response to combat people trafficking. This development has taken place through international instruments to fight organized crime and based on a rationale of State security. States underpin the international system, and the majority are more concerned with prosecuting crime than protecting victims’ rights. Progress is being made, but this system does not guarantee the rights of all victims in a fully effective manner. The theoretical framework for the analysis presented in this paper is the critical theory of human rights; Spain is used as a case study. Spain is considered to have regulations that offer guarantees; however, rights are only effectively guaranteed in formal terms. The human rights-based approach is part of Spanish law and policy, but it remains insufficiently effective. There is a need for improvement and for mechanisms to secure continuous participation by all actors, including victims. This article has two aims: to offer a differential analysis perspective with a focus on human rights, and to promote a new public policy interpretation in the fight against trafficking, placing victims at the centre of policies and not treating them as mere objects or instruments in a criminal phenomenon.
