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Rodrigo Fernández
Entre los años 2020 y 2022, la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (ELS) de la OCDE, en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y de la Agenda 2030 y con la financiación de la Unión Europea a través del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales, realizó un ambicioso proyecto con el objetivo de evaluar la provisión de servicios sociales en todas las Comunidades Autónomas de España y, a partir de esta evaluación, hacer recomendaciones para mejorar el sistema en su globalidad. Este artículo es un breve resumen de las principales conclusiones del proyecto. En particular, se analiza el marco competencial de los servicios sociales desde un punto de vista legal y constitucional, y señala la diversidad existente en España en cuanto a los tipos de servicios ofrecidos, las condiciones de acceso y los recursos humanos y financieros dedicados a los servicios sociales en las distintas regiones. Luego, se proponen orientaciones de reforma para adaptar los servicios sociales en España a la evolución de las necesidades sociales y establecer normas mínimas que garanticen la igualdad de acceso en todo el país. Se presta especial atención a la creación de un nuevo marco jurídico con derechos consolidados, con el fin de reducir las deficiencias de los servicios y mejorar su calidad.
