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Ángel Carrasco Perera 
, Helena Palomino Moraleda
El CESCO ha tenido noticia de la existencia de una determinada praxis bancaria por la que se impone al consumidor la gestoría de la entidad bancaria para la tramitación de las escrituras de compraventa y, en su caso, la de cancelación de la hipoteca, relacionadas con el contrato de préstamo hipotecario. El Estudio aborda el análisis de esta práctica bancaria, que no suele incluirse como cláusula contractual, lo que nos remite por vía de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios a un examen de la cuestión a través de la Ley de Competencia Desleal. A la luz de esta normativa el trabajo examina la legalidad de la imposición bancaria y el papel esencial que cumple la gestoría, bajo la indudable influencia de la ya declarada nulidad de las cláusulas de gastos hipotecarios.
