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El bloqueo de la elección del Consejo General del Poder Judicial comporta, por añadidura, la deslegitimación del Tribunal Constitucional. Deslegitimación que se ha producido por tres vías: la pérdida de su legitimidad como órgano constitucional, la paralización o ralentización del Tribunal en su funcionamiento y, como colofón, la incapacidad del Tribunal para hacer frente a ciertas situaciones jurídicas. El Partido Popular y sus aliados de la derecha judicial han intentado que el Tribunal Constitucional pierda su legitimidad como órgano constitucional, impidiendo su renovación en el término que le correspondería.
