En los últimos años el Estado español fue sometido a un gravísimo sabotaje institucional, fruto del boicot en la renovación de cuatro instituciones fundamentales para la calidad democrática de nuestro sistema constitucional: como lo son el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Ello ha supuesto una degradación y una seria crisis estructural del sistema constitucional y de sus órganos, de consecuencias aún no suficientemente conocidas y evaluadas. El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la imposibilidad de hacer nombramientos de un órgano en funciones está produciendo un colapso y una degradación en el servicio público de la Justicia y en el funcionamiento de los juzgados y tribunales españoles.