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Igual que el independentismo negó la capacidad al Estado de Derecho para imponer la legalidad democrática -en la que desde luego no cabe la separación unilateral de una parte de su territorio-, en el momento actual una parte del sistema de partidos niega al gobierno democrático la capacidad para gobernar de pleno derecho los destinos del país. Un Gobierno surgido de la libre voluntad de los ciudadanos y cuya conformación se atuvo a las reglas previstas constitucionalmente. El bloqueo PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial -una vez se ha resuelto a su pesar en del Tribunal Constitucional- es un atentado flagrante contra el orden constitucional, que crea una grave crisis institucional. A menos que se quiera mirar para otra parte, eso es lo que están haciendo las derechas españolas en su desesperado intento por acabar con el Gobierno y zanjar la mayoría política que lo sostiene.
