El trabajo analiza las relaciones de información entre las Administraciones públicas y con los operadores del sector de los residuos previstas en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Puede decirse que la nueva regulación responde a técnicas tradicionales al consistir fundamentalmente en la creación de una serie de registros y archivos administrativos como órganos de constancia y publicidad que ofrecen seguridad jurídica sobre los datos recopilados y conectan con la conocida actividad administrativa de vigilancia e inspección. Es cierto, no obstante, que aparecen también ciertos instrumentos vinculados a la publicidad activa. Da cuenta igualmente de la incorporación de las tecnologías de la información como testimonia, por ejemplo, el sistema electrónico de información de residuos.