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Juan Manuel Alcoceba Gil
Potenciar la eficiencia del sistema judicial constituye, en la actualidad, uno de los principales objetivos de las instituciones públicas con competencias en la materia. Así se desprende claramente de las propuestas y recomendaciones realizadas por organismos internacionales como el Consejo de Europa y la Unión Europea. En la misma línea se sitúan las políticas adoptadas por las autoridades nacionales, de entre las que destaca el plan estratégico del Ministerio de Justicia conocido como Justicia 2030. Pero quizás, el ejemplo más claro de esta tendencia lo constituyen las denominadas «leyes de eficiencia», que, con el objetivo compartido de maximizar las capacidades productivas de nuestra Administración de Justicia, operan una serie de reformas organizativas, procesales y tecnológicas de notable calado sobre este servicio público. Conviene analizar sus principales líneas, puesto que estas propuestas normativas, actualmente en tramitación, suponen la concreción más reciente y directa de las políticas de la eficiencia aplicadas al ámbito de la justicia.
