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Antonio J. Vela Sánchez 
Con la reforma de la LOVG producida por la nueva Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, se pretende —con la necesaria intervención de las administraciones públicas— la integridad de la reparación de los daños sufridos por las víctimas de violencia de género. Dentro de la tipicidad de los daños incluidos en la recién estrenada normativa, el llamado daño social encuentra carta de naturaleza como daño autónomo respecto de otros daños no patrimoniales. Todavía no existen muchas resoluciones judiciales que indemnizan este daño social como separado, básicamente del daño moral, pero, tras la actual regulación sería muy conveniente su fijación y reparación independientes.
