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César Gilo Gómez
El Derecho de la competencia vuelve a ocupar los principales titulares jurídicos en nuestro país a consecuencia del denominado «Cártel de coches», un acuerdo suscrito entre la práctica totalidad de las marcas de automóviles que operan en España que provocó daños y perjuicios a todos aquellos adquirentes de vehículos entre los años 2006 a 2013.
El hecho de que nos encontremos ante un acuerdo que afecta a millones de propietarios, provoca que el asunto tenga una dimensión mucho más generalizada que en el caso del cártel de camiones europeo, lo que ocasiona que el aluvión de información que llega al adquirente sea también mucho mayor, suscitando la imperiosa necesidad de filtrar la misma.
Unido a ello se encuentra la importante circunstancia de la territorialidad de la infracción del Derecho de la competencia, ya que los daños se habrían circunscrito a vehículos adquiridos en España al operar el acuerdo ilegal exclusivamente en nuestras fronteras.
Competition law occupies again the main legal holders in our country as a result of the so-called «car cartel», an agreement signed between almost all car brands operating in Spain that caused damages to all those who purchased vehicles between 2006 and 2013.
The fact that we are dealing with an agreement involving millions of owners means that the issue is much more widespread than in the case of the European truck cartel, which causes the flood of information that reaches the acquirer is also much greater, raising the imperative need to filter the same.
Added to this is the important circumstance of the territoriality of the infringement of competition law, since the damages would have been limited to vehicles purchased in Spain when operating the illegal agreement exclusively at our borders.
