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Castellón, España
Debido a la concurrencia de factores de distinta índole, el sector del transporte de mercancías por carretera estaba necesitado desde hace años de una reforma legislativa que afrontase algunos de los principales retos económicos, sociales y medioambientales pendientes en materia de sostenibilidad. En particular, había que hacer frente a ciertas problemáticas sociolaborales que padecen tanto quienes trabajan de manera autónoma como quienes están empleados en empresas transportistas (especialmente, quienes conducen) y, también, era apremiante efectuar avances significativos en la lucha contra el fraude laboral y las malas prácticas desplegadas por las denominadas «empresas buzón». Además, en este contexto, era urgente (so pena de sufrir, en breve, una cuantiosa multa económica por parte de la Unión Europea –UE–) y conveniente (para abordar las dificultades críticas del sector) trasponer a nuestro ordenamiento jurídico interno las exigencias de la Directiva (UE) 2020/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera. Todos estos ambiciosos propósitos son los que se desean acometer con la promulgación de una batería normativa dentro de la que destacan las medidas incorporadas por los Reales Decretos-Leyes 3, 6 y 14/2022, de los cuales el primero fue publicado solo unos días antes de que se desatase en nuestro país la última huelga convocada por el colectivo de transportistas, que provocó una delicada situación en la cadena logística y de suministros.
Due to the concurrence of tactors of different kinds, the road freight transport sector has been in need of a legislative reform for years that would face some of the main economic, social and environmental challenges that were pending in terms of sustainability. In particular, it was necessary to deal with certain socio-labour problems suffered by both those who work autonomously and those who are employed by transport companies (especially those who drive) and, also, it was urgent to make significant progress in the fight against labor fraud and bad practices deployed by the so-called "mailbox companies". Moreover, in this context, it was urgent (under penalty of suffering, shortly, a large economic fine from the UE) and convenient (to address the critical difficulties of the sector) to transpose into our internal legal system the requirements of Directive (EU) 2020/1057 of the European Parliament and of the Council, of 15 July 2020, laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for the posting of drivers in the sector of road transport. All these ambitious purposes are what they want to undertake with the promulgation of a regulatory battery within which the measures incorporated by Royal Decree-Laws 3, 6 and 14/2022 stand out, the first of which was published just a few days before the last strike called by carriers broke out in our country, which caused a delicate situation in the logistics and supply chain.
