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Las críticas planteadas por la sociedad civil se refieren principalmente a cuestiones sobre la legitimidad, coherencia y transparencia de este sistema de arbitraje. Para el Comité Económico y Social de la UE es necesario desarrollar un nuevo modelo para la gobernanza de las inversiones internacionales, con el fin de llenar la brecha significativa entre el sistema de inversión por un lado y la protección efectiva de los derechos laborales y el medio ambiente por el otro
