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José Carlos Fernández Rozas 
El mercado de la financiación de litigios sigue en gran medida sin estar regulado en el marco de la UE. Por eso una armonización de sus normas rectoras en todos los Estados miembros favorecerá la existencia de un sistema menos fragmentado en este sector donde los ciudadanos y las empresas de la Unión tengan la misma capacidad para obtener financiación para sus demandas tanto ante la jurisdicción como en el arbitraje. La iniciativa normativa puesta en marcha por la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2022, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la financiación privada de litigios responsable y la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que acompaña ofrecen una enorme importancia. En caso de llegar a buen término posibilitarán la disminución del particularismo para el acceso al mismo nivel de justicia dentro de la UE, simplificando en buena medida los litigios transfronterizos y evitando distorsiones y costes adicionales. La cuestión es encontrar un enfoque equilibrado entre la necesidad de mejorar el acceso a la justicia y la necesidad de evitar grandes riesgos y costes para las empresas y un potencial significativo de conflictos de intereses. Si después del largo proceso legislativo que se avecina se llega a una regulación adecuada, sus resultados podrán utilizarse convenientemente como herramienta para apoyar el acceso a la justicia a los ciudadanos y a las empresas privadas, especialmente en los países en los que los costes legales son muy elevados
The litigation funding market remains largely unregulated at EU level. A harmonisation of its governing rules in all Member States will therefore favour a less fragmented system in this sector where EU citizens and businesses have the same ability to obtain funding for their claims both in court and in arbitration. The regulatory initiative launched by the European Parliament Resolution of 13 September 2022 with recommendations to the Commission on responsible private litigation funding and the accompanying Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council is of enormous importance. If successful, they will make it possible to reduce the particularism for access to the same level of justice within the EU, greatly simplifying cross–border litigation and avoiding distortions and additional costs. The question is to find a balanced approach between the need to improve access to justice and the need to avoid high risks and costs for business and significant potential for conflicts of interest. If, after the long legislative process that lies ahead, an appropriate regulation is reached, its results can be properly used as a tool to support access to justice for citizens and private companies, especially in countries where legal costs are very high.
